La Defensoría del
Pueblo en su reciente reporte de supervisión sobre cumplimiento de información
de transparencia en los portales web de los gobiernos regionales y municipales
del país correspondiente al primer semestre enero – junio 2015, informa que el
Gobierno Regional de San Martín ocupa el primer lugar con el 100% en el
cumplimiento y actualización de datos e información.
La información la
corroboró la jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la
Defensoría del Pueblo, Mónica Callirgos Morales, dando a conocer que la región
San Martín junto a La Libertad cumplieron al 100% con la información que según
Ley 27806 de transparencia y acceso a la información pública, los ministerios, gobiernos
regionales y locales están en la obligación de cumplir y publicar en sus
portales web, como parte del derecho que tienen los ciudadanos acorde a la mencionada
Ley.
Después de San Martín y La Libertad
registraron un buen nivel de cumplimiento los gobiernos regionales de Ica, con
95%, Tacna con 93% y Huancavelica, con 91%, mientras tanto, el menor nivel de
cumplimiento lo registraron los gobiernos regionales de Apurímac, con 49%, Ancash,
con 47% y Tumbes, con 30%.
Respecto a la información que se consigna en los portales
web, entre los rubros que se consideran, están: Información
Presupuestal, Proyectos de Inversión Pública, contrataciones, información del
personal, obras públicas del estado, datos generales y normas emitidas,
planeamiento y organización, agendas y actas de las sesiones ordinarias del
Consejo Regional, participación ciudadana, actividades oficiales del gobernador
y funcionarios, visitas recibidas por la entidad, enlaces de comunicación con
el público usuario, entre otros aspectos.
Es importante precisar, que la Defensoría
del Pueblo www.defensoria.gob.pe es un órgano
constitucional autónomo, encargado de la defensa de los derechos de las
personas y de la comunidad. Asimismo, tiene por función la supervisión de los
deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos,
evidenciando la vulneración de los derechos e incidiendo en la mejora de la
política y la gestión pública.
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